Óscar Puente gastó casi 70.000 euros del Ministerio de Transportes en averiguar que insultos le escribían por redes
En una revelación periodística firmada por Unai Cano el 29 de octubre de 2026, se pone de manifiesto el alarmante contraste entre un ministro ocupado en contabilizar las injurias a su ego y la grave situación institucional de su departamento. Mientras Óscar Puente gastaba recursos para analizar sus motes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible quedaba salpicado por filtraciones delictivas destinadas a encubrir las nefastas responsabilidades políticas tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que se cobró al menos 69 fallecidos.
A última hora del 28 de octubre, de manera coordinada, medios afines al PSOE como El País, Cadena SER y elDiario.es publicaron las grabaciones confidenciales entre el Centro de Regulación y Control de Atocha y los maquinistas de AVE e Iryo, donde se ordenaba continuar la marcha con «marcha normal» tras el colapso del sistema LZB, omitiendo el protocolo de «marcha a la vista».
La maniobra pretendió responsabilizar al personal operativo justo cuando la jueza titular del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz había decretado el estricto secreto de sumario.
El prestigioso abogado penalista José María de Pablo, profesor de Derecho Penal, tachó el hecho como «uno de los actos más ruines y rastreros que puede hacer un responsable político» al violar flagrantemente la presunción de inocencia. Asimismo, advirtió que la divulgación del material sumarial bajo el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal, castigado con penas de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial de 3 a 5 años, o multas de 12 a 18 meses. Organizaciones sindicales como CSIF y Semaf denunciaron la busca desesperada de un «chivo expiatorio» para tapar la negligencia del gobierno socialista de Pedro Sánchez y su ministro Óscar Puente, evidenciando un modelo de gestión enfocado en el blindaje personal antes que en la seguridad de la nación.
