La OEA le exigió al régimen de Nicaragua liberar presos políticos y restablecer las condiciones para elecciones libres
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución sobre Nicaragua que reclama al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberar a las personas detenidas por motivos políticos, restablecer las libertades civiles y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas. El documento fue aprobado durante una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington.
Entre las principales exigencias figura la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y el fin de la persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La resolución también pide restablecer la separación de poderes, garantizar las libertades fundamentales y avanzar hacia un proceso electoral con garantías democráticas.
El texto reclama además que las autoridades nicaragüenses informen sobre el paradero de personas desaparecidas y devuelvan la nacionalidad a ciudadanos que fueron privados de ella. La OEA también pidió revertir medidas que afectan el espacio cívico y las condiciones para la participación política.
La resolución se aprobó después de que el propio gobierno nicaragüense anunciara que no se prevén nuevas elecciones en 2027. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua habían advertido un día antes sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones de propiedades y privaciones arbitrarias de nacionalidad.
La situación generó diferencias entre los gobiernos americanos durante las negociaciones. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana presentaron la iniciativa, mientras que Brasil, México y Uruguay cuestionaron algunos de sus términos.
El régimen brasileño de Lula da Silva también manifestó objeciones a la utilización del concepto de amenaza regional y a disposiciones que, según su representante, podrían interpretarse como una autorización para interferir en las relaciones internacionales de Nicaragua. Finalmente, el texto mantuvo referencias a la situación regional, aunque incorporó modificaciones durante las negociaciones.
La OEA no estableció sanciones concretas contra Ortega y Murillo en esta resolución. El documento busca establecer una posición colectiva del sistema interamericano y reclama cambios políticos e institucionales en Nicaragua.
La resolución se produce ocho años después del inicio de la crisis política nicaragüense de 2018. Según la CIDH, desde entonces persisten denuncias de detenciones arbitrarias, persecución política y religiosa, restricciones a las libertades fundamentales y represalias contra opositores dentro y fuera del país.
