Denuncian al Gobierno de Axel Kicillof por un gran desvío de fondos en Niñez
En medio de las crecientes críticas a la nefasta gestión en la Provincia de Buenos Aires, el manejo financiero del gobierno encabezado por el gobernador kirchnerista Axel Kicillof vuelve a quedar bajo un severo escrutinio político e institucional. La abogada Silvina Martínez expuso públicamente que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA), área que orbita bajo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad conducido por Andres Larroque, dispone de un abultado presupuesto de $184.000 millones de pesos para el ejercicio 2026.
Esta gigantesca masa de recursos, destinada teóricamente a la promoción y protección de derechos, la responsabilidad penal juvenil, la administración de casas de cuidado, hogares e instituciones especializadas para niños y adolescentes vulnerables, hoy se encuentra bajo sospecha de alimentar una “maquinaria de corrupción” en beneficio de la estructura gubernamental.
La controversia cobró escala judicial tras una denuncia formal presentada ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires por parte de D. A., una asistente de Minoridad y empleada activa de dicho organismo.
En su presentación, la trabajadora solicitó la intervención urgente de una unidad fiscal especializada para investigar la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, reclamando además auditorías integrales y la adopción de medidas cautelares para preservar documentación física, servidores y registros informáticos. La denunciante solicitó investigar específicamente el desempeño de una directora de un dispositivo dependiente de la entidad, dejando abierta la posibilidad de extender la imputación hacia los estratos más altos del organigrama estatal.
El núcleo central de la presentación expone la articulación de un “mecanismo similar al sistema de Chocolate Rigau”, caracterizado por la exigencia ilícita de “retornos” o “cometas muy importantes” sobre las partidas salariales otorgadas al personal.
Según detalló la exposición de Silvina Martínez, el Estado provincial liquida fondos correspondientes a guardias y horas extras en las cuentas bancarias de los empleados; sin embargo, los trabajadores son coaccionados a devolver hasta la mitad de dicho dinero a las autoridades del organismo.
Como patrón ejemplificador de la maniobra, si a un agente se le acreditan 100 horas extras, este se queda únicamente con 50 y debe entregar las 50 restantes a la cúpula administrativa. Aunque inicialmente se justificó ante los dependientes que dicha exacción buscaba financiar la “compra de medicamentos para menores alojados” y mantener la estructura, el avance del esquema demostró la existencia de un circuito espurio apropiado por funcionarios.
El esquema irregular no se agota en el fraude salarial, sino que comprende la existencia de 7 cajas o cajas negras desvinculadas de cualquier control transparente. La investigación solicitada abarca de forma pormenorizada los siguientes nichos opacos:
Guardias y Horas Extras: Liquidación sistemática de asignaciones no realizadas con desvío posterior de fondos.
Catering y Alimentos: Sobredimensionamiento o adulteración de raciones alimentarias asignadas administrativamente que jamás ingresan a los centros de contención de niños y adolescentes vulnerables.
Cajas Chicas: Manejo discrecional de fondos institucionales en efectivo.
Servicios Policiales: Asignación irreal de adicionales de seguridad conocidos como “horas CoRES”.
Depósitos e Inventarios: Faltantes indebidos en el acopio de bienes públicos tales como colchones, muebles, electrodomésticos y materiales de construcción.
Obras e Infraestructura: Contrataciones estatales cuyos trabajos de obra ejecutados no concuerdan con las partidas presupuestarias erogadas.
Cargos: Irregularidades en la planta funcional, designación de puestos ficticios y anomalías en los lugares de trabajo asignados.
Para respaldar la imputación, la denunciante aportó un profuso cuerpo probatorio constituido por testigos, conversaciones, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, transferencias y documentación administrativa que comprometen a la conducción política del área.
La causa aguarda la designación de la fiscalía interviniente para determinar la imputación penal formal sobre una administración bonaerense que, bajo el discurso de la asistencia social, enfrenta un severo cuestionamiento por la presunta malversación de los recursos públicos destinados a los sectores más desprotegidos.
