Lanzaron una app para exponer la estafa kirchnerista con las pensiones por discapacidad
El Mapa Rojo del Norte: Las tasas más altas se concentran en feudos gobernados históricamente por el populismo: Santiago del Estero (86,3 ‰), Formosa (76,5 ‰), Misiones (73,7 ‰) y Corrientes (68,3 ‰).
Concentración del Gasto: 4 provincias (Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones) que representan únicamente el 8% de la población nacional absorben el 25% del total de las pensiones por invalidez del país.
Descendiendo al detalle municipal y local, la investigación periodística y las causas judiciales revelan casos donde la estafa roza el ridículo:
Pueblos con Tasas Imposibles:
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Guanaco Muerto (Córdoba): Se registraron 480 pensiones en un pueblo de 554 habitantes, abarcando al 86,6% de la población.
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Departamento Patiño (Formosa): Acumuló 10.101 pensiones sobre 68.581 habitantes (14,7% de la población).
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Taco Pozo (Chaco): El 10% de la población percibía subsidios por discapacidad; la Justicia auditó 740 pensiones investigadas por falsedad sobre un total de 800.
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Municipios Chaqueños Bajo Investigación Judicial: Causas penales acorralan irregularidades en Villa Ángela (4.505 beneficios), Presidencia Roque Sáenz Peña (2.247), Villa Berthet (1.762), Juan José Castelli (1.423), General José de San Martín (1.358), Tres Isletas (1.238), Machagai (1.117) y Quitilipi (1.033). En total, la Justicia investiga más de 23.000 beneficios truchos repartidos en 37 municipios de Chaco.
Las Falsificaciones Más Escandalosas:
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Fraude Radiológico Masivo: En la provincia de Chaco, los auditores descubrieron que una misma radiografía de hombro fue utilizada para aprobar 150 pensiones distintas.
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El Caso de Corrientes: En la provincia de Corrientes, la impunidad del esquema llegó al extremo de otorgar una pensión por invalidez aprobada mediante la radiografía de un perro.
Esta caja negra de corrupción implicó en 2024 una ejecución presupuestaria de aproximadamente $3,1 billones de pesos (equivalente a más de USD 2.000 millones).
Frente a este desfalco, la gestión del Presidente Javier Milei puso en marcha un plan de auditoría oficial y reordenamiento profundo mediante medidas como el Decreto 843/2024, restituir los criterios estrictos de incapacidad laboral e impulsar que la acreditación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) no otorgue el beneficio de forma automática.
El objetivo primordial del gobierno liberal es limpiar el padrón fraudulento instrumentado por la casta kirchnerista para garantizar que los recursos públicos lleguen de forma transparente a las personas que verdaderamente padecen una discapacidad real, protegiendo el dinero de los contribuyentes.
