Sobreseyeron a los hermanos Caputo en la causa Revolución Federal: la Justicia descartó el financiamiento

Lucas Nudelman, empleado de la empresa, declaró además que a fines de abril de 2022 Flavio Caputo le encomendó buscar presupuestos para equipar el edificio, es decir, antes de la creación de las redes de Revolución Federal, el 11 de mayo de ese año.

Sin sobreprecios y sin nexo con la actividad política

La fiscalía de Gerardo Pollicita, que llevó adelante el Legajo 8 de la investigación, convocó al Tribunal de Tasaciones de la Nación y al Cuerpo de Peritos Contadores. Los peritos concluyeron que no pudo determinarse un aumento real de precios: los parámetros de comparación —productos terminados de contado frente a muebles encargados a medida, embalados e instalados a 1.200 kilómetros— no resultaban equivalentes.

En su dictamen final, Pollicita consideró agotadas las medidas y señaló que no restaban diligencias conducentes. El juzgado remarcó que desde entonces el cuadro probatorio no cambió.

La resolución es categórica: “No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permitan afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”. Y agrega que no hay evidencia de que los Caputo conocieran la postura política de Morel antes de contratarlo.

El fallo también recuerda que la Sala I de la Cámara Federal ya había descartado la figura de asociación ilícita y recalificado la conducta de los procesados como incitación a la violencia colectiva, destacando que a sus convocatorias habían concurrido quince, nueve y cincuenta personas. Esa “reducida” envergadura, según el juez, debilita la idea de que un grupo constructor montara una operatoria de 17 millones de pesos para disimular la financiación “de unas pocas personas activas en redes sociales y marchas”.

La palabra de la defensa

Matías Cúneo Libarona, hermano del exministro de Justicia y abogado de los tres Caputo, calificó como “ridícula” la vinculación de sus clientes con una organización “informal, integrada por tres o cuatro personas”, y subrayó que Morel, “entre miles de trabajos, hizo uno para ellos”. El letrado destacó que la causa se cierra con la aclaración judicial de que el proceso no afectó el honor de los sobreseídos.