El desafío de la seguridad en la era del delito sin fronteras: lo que Taiwán puede aportar a INTERPOL

Los resultados de la cooperación internacional de Taiwán también han sido notables. En 2025, una operación conjunta entre Taiwán y Filipinas desmanteló un centro de estafas operado por una red delictiva en el archipiélago filipino. El principal sospechoso y los miembros de la banda fueron repatriados a Taiwán, para comparecer ante la justicia.

Recientemente, las autoridades policiales de Taiwán y de los Estados Unidos expusieron un importante caso de fraude transnacional y de lavado de dinero, perpetrado por el Prince Holding Group; en el cual se incautaron cientos de millones de dólares en activos ilícitos y criptomonedas. Dicho grupo utilizaba activos virtuales y servicios de pago de terceros para ocultar las ganancias del fraude y del blanqueo de capitales, en múltiples países. Esta investigación le valió a Taiwán el premio Best Egmont Case Award 2026, otorgado por el Grupo Egmont, que reúne a las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. El caso constituye un modelo de cooperación entre el sector público y el privado en materia de inteligencia; y demuestra, una vez más, que Taiwán se ha consolidado como un socio indispensable del sistema global de aplicación de la ley.

Otro caso emblemático tuvo lugar en 2024, cuando Taiwán desmanteló un foro en línea de explotación sexual infantil, conocido como Creative Private Room o Nth Room. El foro tenía más de 5.000 miembros; y por él circulaban más de 200.000 imágenes y videos ilegales, de hasta 4.000 víctimas de Taiwán, China, Hong Kong, Macao y Malasia. Algunas de ellas tenían apenas la edad de cursar la escuela primaria. La organización ocultaba la identidad de sus integrantes mediante la dark web, y utilizaba criptomonedas para lavar dinero y evadir los controles. La policía taiwanesa rastreó el flujo de criptomonedas y los registros de las transacciones; reconstruyó la red financiera ilícita; analizó el funcionamiento de esa comunidad virtual y, finalmente, desenmascaró a los autores intelectuales de la organización.

Ninguno de estos casos podría haberse resuelto sin el intercambio de técnicas especializadas de investigación y de inteligencia transfronteriza, en tiempo real. Sin embargo, y a pesar de su vasta experiencia y de sus probadas capacidades, Taiwán se encuentra excluido de la INTERPOL, por motivos estrictamente políticos. Tal es así que no tiene acceso directo al sistema mundial de comunicaciones policiales I-24/7; que es la herramienta por la cual circulan las alertas, notificaciones y datos de inteligencia entre los países miembros. Ello dificulta la coordinación, demora el intercambio de información e impide que Taiwán comparta, a tiempo, sus técnicas de investigación, su pericia tecnológica y sus experiencias prácticas con los demás países. Esa grieta no la padece únicamente Taiwán: la aprovechan las mafias, que conocen perfectamente dónde están los huecos de la red.

Taiwán formó parte de la INTERPOL hasta 1984, cuando la 53ª Asamblea General de la organización adoptó una resolución que lo dejó afuera. Ahora bien: ni la Resolución N° 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1971, ni aquella resolución de la INTERPOL de 1984 constituyen fundamento alguno para excluir a Taiwán de los asuntos internacionales. Paradójicamente, la Resolución N° 2758 ni siquiera menciona a Taiwán; ni declara que éste forme parte de la República Popular China.

Hay, además, otro aspecto que la comunidad internacional no puede soslayar. En los últimos años se ha advertido que ciertos Estados miembros abusan de los mecanismos de la INTERPOL para ejercer la represión transnacional. Las llamadas “notificaciones rojas” han sido utilizadas para perseguir a opositores por motivos políticos y para hostigar a personas determinadas. Ello contradice abiertamente el artículo 3 del Estatuto de la INTERPOL, que prohíbe “toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. Estas acciones, que en algunos casos han tenido como blanco a ciudadanos taiwaneses, socavan los cimientos de la confianza en la cooperación policial internacional y en la neutralidad que debe regir la aplicación de la ley.

Entonces, ¿cómo se explica que se tolere, dentro de la organización, a quienes la utilizan con fines políticos; mientras se deja afuera, por esos mismos motivos políticos, a uno de los países más seguros del mundo? ¿Qué impide que Taiwán pueda participar, por razones prácticas, técnicas y humanitarias, en las reuniones, mecanismos y actividades de la INTERPOL? Máxime, cuando lo que está en juego es la protección de las víctimas del crimen organizado, en cualquier rincón del Globo.

Nuestro país no es ajeno a este problema. Miles de argentinos son víctimas, a diario, de estafas virtuales y de fraudes con criptoactivos, cuyo producido termina, muchas veces, en redes que operan a miles de kilómetros de distancia. Por ello, sería deseable que la Argentina, que ha recuperado una política exterior alineada con las democracias de Occidente, levante su voz en los foros internacionales, en apoyo de la participación significativa de Taiwán, en calidad de observador, en INTERPOL.

En esta era de cambios vertiginosos, en que el delito trasciende las fronteras y la cooperación global se ha vuelto indispensable, no podemos darnos el lujo de prescindir de ningún actor del concierto internacional; y mucho menos de uno de los más eficaces. La seguridad global no admite brechas. Mientras tanto, y hasta que en INTERPOL vuelva a primar el profesionalismo y el sentido común por sobre las presiones políticas, Taiwán podría seguir ofreciendo su colaboración a todo aquel que quiera combatir el crimen. Con lo cual, para un mundo más seguro, sería bueno contar nuevamente con Taiwán.