Golpe de Estado en Polonia: El Gobierno de izquierda tomó por la fuerza el Tribunal Constitucional
La democracia en Polonia atraviesa las horas más oscuras de su historia reciente debido a la consumación de un atropello institucional perpetrado por el régimen izquierdista del primer ministro Donald Tusk. Durante la noche, fuerzas de la Policía de Polonia cercaron y sitiaron el edificio del Tribunal Constitucional en la capital, Varsovia, desencadenando una abierta toma del poder judicial por parte del poder ejecutivo. El gravísimo zarpazo contra el orden republicano provocó denuncias unánimes de golpe de Estado por parte de la magistratura legítima y de la oposición conservadora, acusando al gobierno de Donald Tusk de instaurar un inminente Estado policial orientado hacia el autoritarismo y el totalitarismo.
Ante el despliegue de violencia institucional, el presidente Karol Nawrocki, referente derechista y firme defensor de la independencia judicial, suspendió de emergencia su viaje oficial a Senegal y ordenó dar la vuelta a su avión en pleno vuelo para retornar a la capital. «En un momento así, el presidente debe estar en Polonia», aseveró la Jefatura de Estado al interrumpir su agenda internacional.
En lo que constituye una toma ilegal sin precedentes a escala mundial, la jueza Anna Korwin-Piotrowska —una de las magistradas promovidas por la mayoría parlamentaria de izquierda del Sejm en marzo de 2026— ejecutó una medida arbitraria para suspender durante el plazo de un mes al presidente legítimo de la corte, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. De inmediato, la agencia oficial PAP confirmó que las identidades de ambas autoridades fueron borradas del sitio web oficial de la institución.
La alta corte reaccionó advirtiendo en sus canales oficiales que la plataforma institucional sufrió una toma ilegal por parte de elementos no autorizados y remarcó categóricamente que cualquiera que participe de estas maniobras «está cometiendo el delito de golpe de Estado». Esta maniobra golpista contó con la instigación abierta del ministro de Justicia y fiscal general del régimen, Waldemar Żurek, quien envió escritos para coordinar el cerco de las fuerzas de seguridad.
